Este miércoles 21 de agosto, jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial de México iniciaron un paro nacional indefinido en protesta contra la reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, que propone la elección por voto popular de jueces y magistrados de la Suprema Corte, ha generado un fuerte rechazo dentro del sistema judicial.
Un Ataque al Poder Judicial
La reforma, propuesta por el Gobierno de López Obrador, busca modificar la estructura del Poder Judicial, permitiendo que cualquier ciudadano graduado en derecho y con experiencia como abogado pueda ser elegido para ocupar puestos en la Suprema Corte a través de votación popular. Esta medida es vista por López Obrador como una forma de «limpiar» un poder que considera corrupto y dominado por intereses oligárquicos. Sin embargo, para muchos expertos y trabajadores del sector, esta reforma abre la puerta a la intromisión política en decisiones legales cruciales.
La Protesta: Alcance y Repercusiones
El paro ha sido convocado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) y ha tenido un impacto significativo en 20 de los 32 estados del país. Más de 55,000 trabajadores del sector judicial se han sumado a esta protesta, que ya llevaba días en marcha en rechazo a la reforma. Aunque la protesta no afectará el despacho en la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, se prevé que solo se atiendan casos urgentes en otros juzgados.
Críticas a la Reforma: Un Peligro para la Independencia Judicial
Los detractores de la reforma, como la magistrada Leonor Pacheco Figueroa, advierten que esta amenaza la independencia del Poder Judicial, el único contrapeso real al poder del partido oficialista Morena, que no solo controla la Presidencia, sino que también cuenta con la mayoría en el Congreso. La elección popular de jueces y magistrados, según estos críticos, podría permitir la injerencia de intereses políticos y del crimen organizado en el sistema judicial, lo que afectaría gravemente la justicia en el país.
Respaldo Político y Empresarial a la Protesta
La protesta ha recibido el respaldo de políticos de la oposición, así como de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que agrupa a los principales empresarios del país. Además, colegios de abogados y expertos en el tema han expresado su preocupación por el impacto que esta reforma podría tener en el sistema judicial y en la economía, incluyendo posibles efectos negativos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Riesgos y Consecuencias de la Reforma
Organizaciones como México Evalúa, que monitorean el impacto de las políticas públicas en la economía, han advertido que la reforma podría retrasar la resolución de conflictos en los tribunales y debilitar la formación de jueces especializados. Mariana Campos, directora general de México Evalúa, subrayó que la elección popular podría permitir la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial, ya sea mediante el financiamiento de campañas o la manipulación de resultados electorales.
