La pobreza del campo mexicano: un reclamo que el gobierno sigue sin escuchar
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Ciudad de México; 31 de octubre de 2025. ✍️ Por Jorge Martínez Cedillo
Una crisis que se repite año tras año
La situación del campo mexicano vuelve a colocarse en el centro del debate nacional. Miles de productores, en especial de granos básicos como el maíz, frijol, trigo y arroz, enfrentan nuevamente la indiferencia de las autoridades. También enfrentan la presión de las grandes empresas transnacionales que imponen precios injustos.
Las recientes movilizaciones campesinas, registradas en más de veinte estados del país, son reflejo de una crisis profunda y estructural. Esta crisis afecta a millones de familias rurales. Los productores exigen un precio justo de 7,200 pesos por tonelada de maíz. Esto es en contraste con los 6,050 pesos ofrecidos por el Gobierno Federal. Esta oferta se presenta a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), encabezada por Julio Berdegué.
El reclamo por un precio justo
Producir maíz en México implica mucho más que sembrar y cosechar. Significa invertir en preparación de tierras, semillas, fertilizantes, maquinaria, riego, plaguicidas, mano de obra y transporte. Todos esos costos han aumentado de forma constante, sin que los precios de garantía se actualicen con justicia.
“Cada ciclo agrícola representa una apuesta contra la adversidad”, señalan los representantes campesinos. “No pedimos subsidios, pedimos condiciones justas para seguir produciendo”.
En las recientes reuniones sostenidas en la Secretaría de Gobernación participaron delegaciones de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas. También asistieron representantes de empresas como MINSA, MASECA, BACHOCO y GRUMA. Sin embargo, los industriales, que compran gran parte del maíz nacional, se mantienen firmes en no aumentar los precios. Alegan que pueden importar grano más barato de Estados Unidos.
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El maíz importado y la amenaza transgénica
Uno de los temas más sensibles es la competencia desigual con el maíz importado desde Estados Unidos. Allí se producen variedades transgénicas con rendimientos de hasta 15 toneladas por hectárea, gracias a tecnología y subsidios millonarios.
En contraste, el maíz mexicano conserva su diversidad genética y valor cultural y no es transgénico. Sin embargo, existe preocupación por el uso de maíz “mejorado genéticamente” en alimentos procesados. Además, no hay certeza sobre si el maíz importado se destina exclusivamente al consumo animal, como afirma el gobierno.
El T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) limita las políticas agrícolas nacionales. También mantiene la fijación de precios en función de la Bolsa de Chicago. Esto deja al productor mexicano atado a un sistema que favorece los intereses internacionales sobre las necesidades locales.
El gobierno promete alternativas, pero la desconfianza crece
La presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la SADER, aseguró que su administración buscará “alternativas fiscales” para mejorar los precios. Además, pretende proteger a los productores frente a las variaciones internacionales. Sin embargo, las promesas gubernamentales llegan después de años de desatención estructural.
El ofrecimiento de 6,050 pesos por tonelada, junto con una posible aportación estatal de 970 pesos adicionales, fue rechazado por las organizaciones campesinas. Consideran insuficiente el planteamiento.
Mientras tanto, las protestas y bloqueos carreteros en distintas regiones del país reflejan una desesperación acumulada. Producir maíz en México se ha vuelto, para muchos, una actividad insostenible.
Entre la soberanía alimentaria y la dependencia comercial
El conflicto actual es más que un desacuerdo económico: representa el choque entre dos modelos de país. Por un lado, un sistema que prioriza la rentabilidad global y la importación de alimentos. Por otro, un movimiento que defiende la soberanía alimentaria, la dignidad y el derecho a vivir del trabajo en el campo.
México fue incluso sancionado en 2024 por su intento de limitar el uso del maíz transgénico. Esto evidencia las tensiones entre las políticas nacionales y las reglas impuestas por el comercio internacional.
Un llamado al respeto y la justicia rural
Los campesinos mexicanos no sólo exigen dinero: piden respeto, dignidad y reconocimiento. Piden ser escuchados por un gobierno que muchas veces los ve como un problema social, y no como la base de la seguridad alimentaria del país.
El grito que recorre las carreteras mexicanas resume una exigencia histórica: “¡Precio justo, trato digno y soberanía alimentaria!”