Reflejos de la Política
Por Claudia T. Witron | www.mujerinforma.com
El pasado 10 de abril, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su intención de reformar las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública. Propuso ajustes que —según sus palabras— buscan erradicar la corrupción y hacer más eficiente el gasto público.
El centro de esta propuesta gira en torno a una figura poco utilizada en la administración pública: la subasta inversa electrónica. Esta modalidad, en teoría, permitiría reducir costos a través de licitaciones donde los proveedores compiten ofreciendo los precios más bajos en tiempo real. Usan plataformas digitales como Compranet.
Sobre el papel, el modelo es seductor. Evoca eficiencia, competencia abierta y transparencia tecnológica. Sin embargo, cuando se analiza en el contexto político actual, donde el poder Ejecutivo concentra cada vez más funciones estratégicas, la iniciativa plantea interrogantes de fondo:
¿Estamos ante un verdadero avance en materia de rendición de cuentas? O, ¿frente a un proceso que, en nombre de la eficiencia, centraliza aún más las decisiones del Estado?
¿Qué se propone exactamente?
La iniciativa plantea modificar las reglas actuales para dar mayor peso a procesos automatizados de adquisición. Por ello, minimiza la intervención humana y supuestamente cierra puertas a la discrecionalidad. Se busca ampliar la cobertura del sistema Compranet y modernizar los criterios de evaluación. Además, privilegia precios bajos, sin perder de vista la calidad.
A su vez, se pretende limitar el uso de adjudicaciones directas, una práctica duramente criticada en administraciones pasadas —y presentes— por su opacidad.
El dilema: automatización vs. concentración
A primera vista, los planteamientos pueden parecer necesarios. México ha sido históricamente vulnerable al desvío de recursos en procesos de contratación pública. Sin embargo, no es posible ignorar que estas reformas llegan en un contexto político donde el presidencialismo retoma fuerza y los mecanismos de contrapeso institucional se han debilitado.
La pregunta crucial es:
¿Quién controlará las nuevas plataformas, los algoritmos y los criterios técnicos?
Si el rediseño no garantiza la participación activa de órganos autónomos y entes vigilantes como la Auditoría Superior de la Federación o el INAI, el sistema puede convertirse en una fachada eficiente para legitimar decisiones unilaterales.
Lo que no se ha dicho
Uno de los riesgos más delicados es que, bajo el paraguas de la «subasta inversa», se privilegie el precio sobre el valor.
Una dependencia obsesionada con el menor costo puede terminar comprando lo más barato, no lo mejor.
Y en temas como salud, infraestructura, educación o seguridad, esa diferencia cuesta vidas y desarrollo.
Además, aún no se ha definido cómo participarán los pequeños y medianos proveedores. Ellos no siempre tienen acceso a sistemas digitales complejos ni a asesoría técnica para licitar. Entonces, ¿quién los incluirá?
Un modelo que requiere vigilancia
La modernización del gasto público es una tarea pendiente y urgente. Pero debe realizarse con garantías de equilibrio institucional, transparencia verificable y participación ciudadana.
La corrupción no se elimina solo con algoritmos, sino con reglas claras, rendición de cuentas real y organismos autónomos con dientes.
Si no se construyen los candados adecuados, la subasta inversa puede terminar siendo un reflejo de un poder que, en lugar de abrirse, se repliega sobre sí mismo.
Oportunidad en puerta
El rediseño de las leyes de Adquisiciones y Obra Pública es una oportunidad para renovar la confianza pública y reducir el margen de discrecionalidad.
Pero, como ocurre con todas las reformas que nacen del Ejecutivo, debe ser vigilada con lupa y equilibrio. El camino de la eficiencia no debe recorrer el atajo de la centralización.
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